Covid-19: morir por informar en México

Informar sobre la pandemia en América Latina está resultando más riesgoso que hacerlo en cualquier otra región del mundo. Las cifras que registran medios y organizaciones no gubernamentales muestran que empresas de comunicación en países como México, Brasil o Perú, no han ofrecido a sus periodistas condiciones de seguridad para evitar contagios  cuando cubren la crisis de Coronavirus.

En México, los datos recabados durante los últimos cuatro meses en el reporte de “Press Emblem Campaign (PEC)” (organización con sede en Ginebra), detectaron 14 muertes por COVID-19 de periodistas en el país, pero un registro similar hecho por “Artículo 19”, suma en el mismo periodo 26 fallecidos. La cifra aumenta. El viernes 7 de agosto, cuando este artículo estaba por publicarse, otro periodista murió a causa del Covid-19 en la Ciudad de México: Felipe Rodea, quien trabajaba en el periódico El Financiero.

Según el reporte PEC, entre el 1 de marzo y el 30 de junio se han contabilizado 186 periodistas muertos por Covid-19 en 35 países analizados de todo el mundo. En esa estadística, América Latina concentra la mitad de los decesos (93) y se mantiene como la región con más muertes de informadores vinculadas al Covid-19.

Dentro de la región -según PEC-, México ocupa el tercer lugar con 14 periodistas que murieron a causa del virus; solo por debajo de Perú, donde fueron 16 comunicadores fallecidos en el mismo periodo y Brasil, donde la cifra es más del doble: 37 muertes.

En contraste, esa organización contabilizó que en el mismo rango de fechas en Canadá solo se presentó un caso y en Estados Unidos 13 periodistas que perdieron la vida por Covid-19; es decir, en América del Norte, pese a que los contagios han sido más elevados para el total de la población y la pérdida de vidas considerable, las coberturas informativas no suelen ser tan mortales para quienes trabajan en los medios, como sí ocurre en Latinoamérica.

En Asia tampoco habrían muerto tantos comunicadores, porque pese a que la cifra se ha incrementado en países como India o Bangladesh, los registros que han podido realizarse solo ubican a 34 comunicadores fallecidos en todo el continente, una tercera parte de lo que ocurre en América, incluso por debajo de los periodistas muertos por Coronavirus que suma en lo individual Brasil, mientras que en todo Europa habrían sido 26 casos y en África 18.

Los datos de PEC representan un esfuerzo por hacer visibles las muertes de periodistas por Covid-19 en la región, aunque la organización aclara que no hay datos sistematizados por fuentes gubernamentales y empresas, y ante ello reconoce que podrían ser más los decesos. Tiene razón. La organización Artículo- 19, en un ejercicio similar, encontró 12 casos adicionales a los que contó PEC en México con corte al 27 de julio, lo que significa que, en total, habrían muerto en el país al menos 26 profesionales de la comunicación en los últimos cuatro meses. 

El primer caso reportado por los medios mexicanos fue el de Marta Caballero Collí, quien fue reportera de los periódicos QueQui, Diario de Quintana Roo y Radio Turquesa en ese estado al sur de México. Ella se contagió cuando trabajaba en la oficina de prensa del gobierno municipal de Solidaridad, ubicado en el territorio turístico de Playa del Carmen, muy cerca de Cancún. Ahí desempeñaba tareas profesionales de comunicación institucional. No hubo el cuidado suficiente para protegerla a ella y a otro colaborador de la misma oficina, el fotógrafo Jonathan Arana Chan, quien también sufrió contagio y murió poco después, en mayo.

El 27 de abril, el periódico de izquierda y distribución nacional La Jornada, publicó un fragmento de la carta que Caballero Collí escribió antes de morir, en donde reprochaba que su jefe no le había permitido trabajar desde casa durante la epidemia. Se lee en el documento: “Me enfermé por la negligencia del Director Román Contreras Nahón, que no quería que trabajemos desde casa. Es lamentable su actuación”. 

Contreras Nahón se justificó diciendo que “la comunicación” estaba considerada una actividad “esencial” y, por lo tanto, las autoridades sanitarias solo habían establecido el trabajo desde casa para quienes tuvieran más de 60 años y enfermedades crónicas prexistentes. En su versión de los hechos, Contreras dijo que él se apegó a protocolos, aunque confirmó que Caballero Collí presentó síntomas de Covid a partir del 13 de abril y que fue hasta el día siguiente cuando por escrito le autorizó que se fuera a casa solo por “7 días”. La comunicadora murió el 27 de abril.

Esther Caballero, hermana de Marta, grabó un video un día después para confirmar la existencia de la carta. Ahí explicó que, en lo escrito, su hermana: “además de despedirse de su familia”, responsabilizaba a su jefe inmediato (Contreras Nahón) de su muerte. 

El 23 de abril, David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, presentó ante la ONU un informe donde alertó sobre medidas contrarias a la libertad que estaban aplicándose en el contexto de la pandemia. El informe recomienda, entre varios elementos, que para realizar su trabajo: “los trabajadores de los medios de comunicación deben contar con las protecciones que se consideren necesarias durante la pandemia, como máscaras protectoras y otros equipos pertinentes”.

Poco después, el 29 de abril, la “Red de mujeres periodistas del Estado de Morelos”, una organización con sede en Cuernavaca (territorio colindante con la Ciudad de México), hizo un llamado a empresas y gobierno para aplicar medidas de protección a periodistas que cubren la crisis de coronavirus. Se lee en la carta que hicieron pública: “A las empresas de los medios de comunicación en Morelos, les pedimos que otorguen las medidas de seguridad necesarias para quienes diariamente cumplimos con la labor de informar (…) Al Gobierno del Estado, le exigimos reforzar sus controles sanitarios y garantizar la atención de quienes laboran en los medios de comunicación, ya que al menos un compañero, al parecer contagiado, acudió a dar cobertura física a la conferencia de prensa que ofrecía la Secretaría de Salud”. En Cuernavaca, capital del Estado de Morelos donde se firma ese comunicado, se han registrado al menos dos muertes de periodistas por Covid-19.

México es un país que divide su territorio en 32 entidades federativas. En 10 de ellas -casi una tercera parte-, se ha registrado al menos una muerte por Covid-19 que afecta a profesionales de la comunicación. El estado que más casos registra es la Ciudad de México con 10; le sigue el Estado de México, con cuatro, y los Estados de Quintana Roo, Sonora, Morelos y Oaxaca con dos cada uno; mientras que Baja California, Chihuahua, Guerrero y Tabasco tienen un caso.

El mayor número de muertes se concentra en periodistas que trabajan en medios impresos (34.6% de los casos) y también en profesionales de la comunicación que colaboran en oficinas de prensa de los gobiernos municipales o instituciones públicas locales (26.92%).

En abril se registraron solo dos muertes de periodistas en México pero la cifra en mayo fue casi ocho veces mayor (15 casos), siendo ese mes en el que más comunicadoras y comunicadores ha perdido la vida por Coronavirus.

Además de los riesgos por la pandemia, México no ha logrado superar una crisis paralela de asesinatos impunes en contra de periodistas. Un caso reciente es el de Jorge Miguel Armenta, periodista asesinado durante estos tiempos de pandemia en Sonora, estado al norte de México, donde se comparte frontera con Estados Unidos y hay presencia considerable del crimen organizado. 

El 16 de mayo, Armenta fue baleado por dos desconocidos y perdió la vida camino al hospital. Era director del Grupo Editorial Medios Obson, donde publicaba en el periódico El Tiempo y el Semanario Político “Última Palabra”. El periodista, junto con otros colaboradores, había sido amenazado desde 2016.

En lo que va del año, el gobierno de México reconoce el asesinato de cinco periodistas. El 30 de marzo, María Elena Ferral murió víctima por un ataque a balazos en el estado portuario de Veracruz y un mes después su hija sufrió un atentado del que afortunadamente salió ilesa. El 2 de abril, en Guerrero (Estado al Sur de México), fue privado de su libertad el periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez y nueve días más tarde se confirmó su muerte, cuando las autoridades de la entidad encontraron parte de su cuerpo cercenado violentamente.

La organización Reporteros Sin Fronteras contabilizó 10 asesinatos a periodistas mexicanos en 2019 y en el 2020, solo entre enero y mayo, ya suman otros cinco asesinatos más. El índice anual que realiza esa organización sobre el estado que guarda la libertad de expresión en el mundo, tiene a México este año en el lugar 143 de 180 países analizados, por debajo de Afganistán (lugar 122), Palestina (lugar 137) y Birmania (lugar 139).

A esa realidad de asesinatos y violencia contra la prensa en México, ahora se suman las muertes por Covid que afectan de forma preocupante a periodistas cuando informan sobre la pandemia, en medio de múltiples carencias económicas, sin las medidas de seguridad, ni las prestaciones laborales óptimas por parte de empresas y gobiernos para quienes trabajan.